Vayamos a la almendra y dejemos la cáscara para el fuego. En una sociedad libre los ciudadanos depositamos en el Estado los poderes coercitivos, lamentablemente sabemos que el estado tiende de manera natural e inexorable a ejercer dichos poderes de forma arbitraria y sin principios. Para intentar limitar esa tendencia existen una serie de derechos fundamentales:

1º.- El juez natural, es decir que no se pueda designar un juez concreto. Con ello se trata de asegurar que como es imposible la objetividad del que juzga, siempre influido por una serie de "prejuicios" sean ideológicos o de cualquier otro tipo, al menos que la elección sea por azar.

2º.- Derecho a la defensa. El estado dispone de personas especializadas en el conocimiento de las leyes y su aplicación con tiempo remunerado para hacer uso de esos conocimientos contra el propio ciudadano. En correspondencia el ciudadano debería disponer al menos teóricamente de instrumentos iguales a los del Estado y dado que es manifiesta la desigualdad se imponen una serie de limitaciones (garantías) y por eso se presume la inocencia, en caso de duda se favorece al acusado, tiene derecho a no acusarse a sí mismo, a no contestar, e incluso a mentir.

La defensa es por tanto un constructo entre acusado y defensor en el que la narración de los hechos con sutiles cambios podrían implicar diferencias abismales en cuanto a consecuencias legales. El estado dispone de especialistas, tiempo y dinero para encontrar pruebas incriminatorias, pero si encuentra la manera de averiguar el discurso del acusado se produce una merma significativa del derecho a la defensa, del derecho a construir una versión de los hechos que sea creíble.

Incluso en el caso de terrorismo no está justificada la excepción al secreto de las comunicaciones abogado - acusado porque antes que terrorista el acusado es un ciudadano y sólo será terrorista si es juzgado mediante un juicio justo y condenado.

Pero en el caso de que el acusado esté en prisión preventiva, es decir bajo la custodia del Estado, habría razón más que suficiente para que el Estado tuviera que extremar las garantías de las personas a las que de forma preventiva priva de libertad.